Housing Policy Changes and What They Mean for CHWs in Illinois
Illinois is facing a serious affordable housing crisis. There are not enough homes that low-income people can afford, and many families are already struggling to stay housed. Across the state, there are approximately 34 affordable rental homes available for every 100 extremely low-income renters. Many renters spend more than half of their income on housing, leaving little money for food, health care, transportation, or other basic needs. At the same time, homelessness has increased in many parts of Illinois. These challenges existed before recent federal policy changes and continue to place stress on families and communities.
Although H.R.1 (“One Big Beautiful Bill Act”) increases funding for the Low-Income Housing Tax Credit, a federal program that helps build affordable rental housing, these developments often take several years to complete. In addition, most of these units are designed for households earning up to 60 percent of the area median income. Many of the people served by Community Health Workers earn far less than that, meaning the new housing may still be out of reach for those with the greatest needs. While increasing housing supply is important, it does not solve the immediate crisis facing families who are currently homeless or at risk of eviction.
H.R.1 significantly reduces funding for safety net programs such as Medicaid and SNAP. These programs help low-income individuals afford health care and food and when people lose health coverage or food assistance, they often have less money available to pay rent. This can increase the risk of eviction and homelessness.
Housing and health are deeply connected, and changes in one area can quickly affect the other. When people do not have stable housing, their health often suffers. They are more likely to visit emergency rooms, miss medical appointments, and struggle with mental health conditions. Chronic illnesses such as diabetes, asthma, and heart disease become harder to manage without a safe and stable place to live. Community Health Workers often step in to prevent these outcomes, but their work becomes much harder when housing and income supports are unstable. When housing becomes less stable or benefits are harder to access, CHWs must spend more time helping clients navigate complex systems. Their caseloads may become more difficult, and the needs of their clients may become more urgent. Even if more affordable housing is built in the future, CHWs will continue to face immediate challenges as they support families in crisis.
To protect housing stability and support Community Health Workers, Illinois policymakers should take additional action. Expanding rental assistance and homelessness prevention programs would help families stay housed. Protecting access to Medicaid and SNAP would help ensure that families can meet basic needs while paying rent. Increasing state investment in deeply affordable housing, especially for households earning below 30 percent of the area median income, would address the most urgent gaps. Policymakers should also support Medicaid reimbursement for housing-related services provided by CHWs and invest in supportive housing that combines affordable units with health and social services. Investing in CHWs and stable housing is not only the right thing to do, but it can also reduce long-term health care costs and improve outcomes for communities across the state.
Cambios en la política de vivienda y su impacto en los trabajadores de salud comunitarios en Illinois
Illinois se enfrenta a una grave crisis de vivienda asequible. No hay suficientes viviendas que las personas de bajos ingresos puedan costear, y muchas familias ya tienen dificultades para mantener su vivienda. En todo el estado, hay aproximadamente 34 viviendas de alquiler asequibles disponibles por cada 100 inquilinos de ingresos extremadamente bajos. Muchos inquilinos gastan más de la mitad de sus ingresos en vivienda, lo que les deja poco dinero para comida, atención médica, transporte u otras necesidades básicas. Al mismo tiempo, la falta de vivienda ha aumentado en muchas partes de Illinois. Estos desafíos existían antes de los recientes cambios en la política federal y continúan generando presión sobre las familias y las comunidades.
Aunque la Ley H.R.1 (“One Big Beautiful Bill Act”) aumenta la financiación del Crédito Fiscal para Viviendas de Bajos Ingresos, un programa federal que ayuda a construir viviendas de alquiler asequibles, estos desarrollos suelen tardar varios años en completarse. Además, la mayoría de estas unidades están diseñadas para hogares que ganan hasta el 60% del ingreso medio de la zona. Muchas de las personas atendidas por los Trabajadores Comunitarios de Salud ganan mucho menos, lo que significa que las nuevas viviendas podrían estar aún fuera del alcance de quienes más las necesitan. Aunque aumentar la oferta de viviendas es importante, no resuelve la crisis inmediata que enfrentan las familias que actualmente no tienen hogar o están en riesgo de ser desalojadas.
La Ley H.R.1 reduce significativamente la financiación de programas de protección social como Medicaid y SNAP. Estos programas ayudan a las personas de bajos ingresos a costear la atención médica y la alimentación, y cuando pierden la cobertura médica o la asistencia alimentaria, suelen disponer de menos dinero para pagar el alquiler. Esto puede aumentar el riesgo de desalojo y de quedarse sin hogar.
La vivienda y la salud están estrechamente relacionadas, y los cambios en un ámbito pueden afectar rápidamente al otro. Cuando las personas no tienen una vivienda estable, su salud suele verse afectada. Son más propensas a acudir a urgencias, faltar a citas médicas y padecer problemas de salud mental. Enfermedades crónicas como la diabetes, el asma y las cardiopatías se vuelven más difíciles de controlar sin un lugar seguro y estable donde vivir. Los trabajadores de salud comunitarios suelen intervenir para prevenir estas consecuencias, pero su labor se vuelve mucho más difícil cuando la vivienda y los apoyos económicos son inestables. Cuando la vivienda se vuelve menos estable o es más difícil acceder a las prestaciones, los trabajadores de salud comunitarios deben dedicar más tiempo a ayudar a los clientes a navegar por sistemas complejos. Su carga de trabajo puede aumentar y las necesidades de sus clientes pueden volverse más urgentes. Incluso si se construyen más viviendas asequibles en el futuro, los trabajadores de salud comunitarios seguirán enfrentándose a desafíos inmediatos al apoyar a las familias en crisis.
Para proteger la estabilidad de la vivienda y apoyar a los trabajadores de salud comunitarios, los legisladores de Illinois deberían tomar medidas adicionales. Ampliar los programas de asistencia para el alquiler y de prevención de la falta de vivienda ayudaría a las familias a conservar su vivienda. Proteger el acceso a Medicaid y SNAP ayudaría a garantizar que las familias puedan cubrir sus necesidades básicas mientras pagan el alquiler. Aumentar la inversión estatal en vivienda altamente asequible, especialmente para hogares con ingresos inferiores al 30% del ingreso medio del área, abordaría las deficiencias más urgentes. Los legisladores también deberían apoyar el reembolso de Medicaid por los servicios relacionados con la vivienda que prestan los trabajadores de salud comunitarios e invertir en viviendas de apoyo que combinen unidades asequibles con servicios sociales y de salud. Invertir en trabajadores de salud comunitarios y en vivienda estable no solo es lo correcto, sino que también puede reducir los costos de atención médica a largo plazo y mejorar los resultados para las comunidades de todo el estado.